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Contexto

El 8 de junio de 2020 finaliza el contrato firmado 25 años antes por el Concello de Vigo y Vitrasa para la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros. El contrato contenía dos prórrogas de cinco años cada una, que podrán ser ejecutadas por el Concello. Pero el alcalde afirmó que no la iba a ejecutar, y por lo tanto, iba a realizarse un nuevo concurso. Por lo tanto, el 29 de diciembre de 2018 denunció el contrato, como primera fase para iniciar el concurso.

La prórroga

Durante 2019 las noticias sobre el nuevo concurso llegaban a cuentagotas, y en febrero de 2020 se dio el primer paso, con la aprobación del nuevo reglamento, que serviría de base para el nuevo contrato. Y a las pocas semanas, estalló la crisis del COVID-19.

El 5 de junio de 2020 saltaba la sorpresa. El Concello retiraba la licitación del transporte público vigués y le concedía a Vitrasa la prórroga de cinco años que contemplaba el contrato. La argumentación dada por el Concello se basa en que el estado de alarma implantado a causa del COVID-19 destrozaba los cálculos económicos que contenía el pliego, lo que ocasionaría demandas económicas lesivas para las arcas, o que el concurso quedase desierto.

Precedentes

En diciembre de 1993 ya se intentó una maniobra idéntica, cuando el ayuntamiento intentó ejecutar la prórroga del contrato que fue denunciado en 1992. Días después, el informe del secretario tumbó la prórroga, al considerarla ilegal, debido a que las modificaciones que se pretenden hacer en el mismo son una modificación sustancial del mismo. A lo largo de 1994 se elaboró el concurso, que ganó de nuevo Vitrasa. El contrato debió vencer el 14 de junio de 1994, pero hasta un año después, el 8 de junio de 1995 no se firmó el actual. Durante todo este tiempo, el servicio funcionó con un contrato prorrogado, hasta la firma de un nuevo contrato, con la nueva concesionaria (que fue la misma).

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¿Es legal?

Parece que es bastante discutible legalmente si un contrato ya denunciado puede ser prorrogado, aunque dicha prórroga esté reconocida en el mismo. De hecho, la CNMC advirtió de lo irregular de la misma. Lo que me pregunto es por qué nadie, especialmente, la oposición al alcalde, que tan preocupada está por el transporte público vigués, presentándolo como una empresa dirigida por una camarilla de mafiosos que ponen en grave peligro a la ciudadanía de Vigo, explotan a sus trabajadores, y cuyos autobuses son la principal fuente de contagio del COVID-19, causando cientos de muertos, no ha presentado recurso y consiguen anular la prórroga. Supongo que será que en el fondo son como jabalís, solo les preocupa atacar al alcalde a coces, sin ton ni son.

¿Alternativas?

Con la ley en la mano, el Concello puede hacer más o menos lo mismo sin temor a que venga ningún juez a anular la prórroga. El Real Decreto 8/2020, en su artículo 34, establece la posibilidad de la ampliación del contrato de los servicios públicos hasta un máximo del 15%, es decir, 3 años y 9 meses en el caso de Vitrasa, lo que posibilitaría redactar el nuevo pliego de condiciones y licitarlo de nuevo, finalizando el contrato en marzo de 2024. Por otra parte, la ley 16/1987, en su artículo 82, obliga al actual contratista a mantener la gestión del contrato hasta la aprobación del nuevo.

Un ejemplo lo tenemos en Ourense, con un contrato de transporte urbano, caducado desde el año 2015, que quizás algún día salga a concurso (al menos esa es la intención de la actual corporación), prestando el servicio con los mismos autobuses que existían en 2008, cuando se compraron los más nuevos. Las bajas fueron cubiertas con autobuses de segunda mano, provenientes de Vitrasa (130, 131, 508, 511, 512 y 515) y de Zaragoza, empresas del mismo grupo que Vitrasa. Por ello se ven autobuses de los años 90 (dos micros y dos Man 11.190 HOCL provenientes de Vitrasa) y de principios de los 2000. Aunque se espera que la flota se renueve por completo a finales de año, pero ese es otro asunto.