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Desde hace varios años, la concesionaria del servicio del transporte público vigués está atravesando por una conflictividad laboral sin precedentes, con paros parciales y huelgas permanentes, sin que la empresa mueva un dedo por solucionarlos. Y en algunos ámbitos se está hablando de rescatar la concesión.

Los fundamentos

Si bien, el pliego de condiciones del transporte urbano vigués no está publicado, es obvio que el realizar menos servicios de los que manda el ayuntamiento es un incumplimiento, que de ser reiterado, es suficiente motivo para rescatar el servicio.

Con la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se establecen una serie de supuestos que, al ser de fuerza mayor, eximen del cumplimiento del contrato y generan derecho a indemnización, y estos son (artículo 239):

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público.

La huelga no está dentro de estos supuestos, y existe jurisprudencia que afirma que el contratista es responsable de sus consecuencias, por lo que, en caso de incumplimiento del pliego de condiciones, se puede secuestrar o resolver el contrato, aunque su causa sea una huelga legal.

Esto suele suceder con las huelgas del servicio de recogida de basuras, cuyas consecuencias son incluso perjudiciales para la salud pública, basta una semana sin servicio para que las bolsas de basura se amontonen y las ratas campen a sus anchas. Y en el caso del transporte público, tenemos precedentes.

¿Qué haría una empresa normal en caso de huelga?

Cuando los trabajadores declaran una huelga en una empresa, el empresario suele ponerse bastante nervioso, por el daño que esta huelga le puede generar. La paralización de la actividad suele producir pérdidas importantes, mala imagen e incluso destrozos, altercados, peleas… por lo que esta situación dura muy poco tiempo, se negocia con los trabajadores y se intenta llegar a un acuerdo lo antes posible.

De hecho, en 2012, en Vitrasa tuvimos una huelga de transporte público, que fue indefinida entre el 3 y el 12 de diciembre. Durante esa huelga, el director, Juan Carlos Villarino, y el comité de empresa, estuvieron negociando durante jornadas maratonianas, hasta que finalmente se llegó a un acuerdo.

¿Qué hace Vitrasa?

Pero como hay que dejar claro, Vitrasa no es una empresa normal. Para empezar, las reuniones entre el comité de empresa y la dirección son a cuentagotas, y desde abril no hay ninguna, a pesar de llevar meses con el servicio en huelga, hasta el punto que esta huelga ni siquiera es para firmar un nuevo convenio, es para que la empresa se siente a negociar.

Por lo tanto, no cabe hablar de una huelga real, tanto la empresa como el Concello quieren reducir a toda costa el servicio de transporte urbano, y que mejor idea que enmascarar esta reducción en una huelga o en unos paros parciales. De hecho, gracias a estas huelgas, los conductores se bajan voluntariamente el sueldo, y los autobuses que circulan con servicios mínimos van más llenos, por lo que son más rentables. Por lo tanto, estamos ante un caso en el que una huelga no solo perjudica a una empresa, más bien la beneficia. Quizás la perjudique en cuestiones de imagen, pero desde la llegada del actual director, es evidente que el prestigio y la imagen no es una prioridad.

Obviamente, el legislador no es gilipollas, y tiene previstos casos como estos, y el Real Decreto 17/1977, establece en su artículo 8 la obligación de negociar con la plantilla el fin de la huelga. Y es obvio que si el Concello amenaza a la empresa con secuestrar la concesión o rescatarla de seguro que se iba a negociar en serio. De hecho, actitudes como las de Vitrasa con extraordinariamente raras, pero las hay, como en el caso de Ryanair.

Y no solo la empresa se niega a negociar, es que ha tomado la peor decisión posible, que es iniciar una guerra sin declarar contra su propia plantilla. Una decisión así no la toma jamás una persona que busque el bien de la empresa, porque los empleados son una parte del activo de la empresa, y declararles la guerra supone que las energías de la empresa no van destinadas a mejorar o prestar un mejor servicio, van destinadas a hundir la empresa. Y una idea semejante solo se le puede ocurrir a alguien que ve a sus empleados como sus siervos, y que toma las decisiones no pensando en el bien de la empresa, simplemente quiere que sus empleados hagan lo que mande, sin importar si está bien o mal. Así se hundieron cientos de empresas, especialmente cuando pasan a manos de los hijos, que se sienten como los reyes del mambo sin haber movido un dedo, y se piensan que ser empresario es tener siervos a su cargo.

¿Por qué el alcalde no toma ninguna decisión?

Con la ley en la mano, hay motivos más que fundados para rescatar la concesión, o como mínimo, secuestrarla. Y estando ante una huelga, que perjudica a unos 300 trabajadores de forma directa, y a miles de ciudadanos, que ven como el servicio del transporte urbano no funciona bien, el hecho de que se esté prolongando tanto, demuestra que el Concello no tiene interés ninguno en ponerle fin, al contrario. De hecho, cuantos menos servicio haya, menos viajeros habrá, y se reducirá la compensación que hay que pagar a la empresa por las tarifas reducidas de la PassVigo, por lo tanto, hay más dinero para otras cosas.

De hecho, el alcalde acusa a los trabajadores de la empresa de secuestrar a los ciudadanos, acusación a todas luces infundada y que solo se la creen los fanáticos del alcalde. De hecho, el alcalde tiene la solución en sus manos, y consiste en amenazar a la empresa con rescatar la concesión, y si sigue en sus trece, rescatarla, y si la empresa tiene algo que decir, que ponga un recurso. Y es curioso que un problema de tan extraordinaria gravedad, que afecta a miles de personas, tenga escasa repercusión mediática.

Las causas de todo esto, quizás las sepamos cuando Abel Caballero y sus concejales dejen la alcaldía, pero consentir que un servicio básico como el transporte urbano de viajeros esté degradado hasta este nivel tiene un nombre muy claro. Y dejo a criterio del lector decir cuál es ese nombre.